La nueva edición de este libro, sustancialmente ampliado y reformado, tiene la meta de hacer frente a la desorientación que sufre la jurisprudencia y la doctrina reciente frente a los problemas derivados del fraude in-mobiliario, y que nosotros habíamos denunciado hace mucho tiempo, tanto desde el plano sociológico, como desde el jurídico, pues las mafias de falsificadores han operado desde hace varios años bajo el ropaje protector de una cándida doctrina extremista que, casualmente, pretende legalizar los delitos. lavar activos ilícitos, santificar el robo de la propiedad, despojar a los titulares mediante embargos malhabidos y, en suma, echar al olvido las falsificaciones mediante la cuestionable idea de una todopoderosa inscripción registral.
Lamentablemente, la jurisprudencia tampoco tiene las cosas claras. En el transcurso de pocas semanas pueden encontrarse sentencias contradic-torias, lo que demuestra falta de norte e improvisación. Y los Plenos de la Corte Suprema son fuente de severas críticas, antes que adhesiones, como ocurre con el criterio por el cual puede lanzarse a un poseedor de larga data, o que levantó las edificaciones, sin mayor debate ni miramiento; o que convalida las falsificaciones en treinta días.
Por tanto, esta obra tiene la pretensión de convertirse en un dique frente a los abusos, injusticias e inmoralidades que surgen por efecto del extremismo registral; y que los tribunales simplemente asienten por falta de argumentos o por falta de energía en la aplicación del derecho, esto es haciendo prevalecer la Constitución, sin entretenerse en discusiones teóricas e inútiles sobre tal o cual norma legal.
En consecuencia, nuestro propósito es recusar la idea, tan extendida, de que el registro sirve para lavar la cara de los delincuentes, o para que sus riquezas ilegítimas ingresen a la licitud por vía de los terceros. La fe pública registral, que antes era un principio jurídico respetable, sin embargo, en la actualidad ha quedado degradada a una modalidad delictiva, bien conocida por los policías y fiscales.
Por tal motivo, también, reclamamos justicia para las víctimas de las mafias de falsificadores, lo que necesariamente debe ser asumido por el Es-tado, pues se trata del directo responsable de los errores o tropelías cometidas a través del sistema registral y notarial, sea porque el servicio lo prestan directamente sus propios funcionarios, sea porque no fiscaliza adecuadamente y permite el "dejar hacer, dejar pasar" de algunos notarios.
No obstante, la voz en la cátedra, en un libro, o en la silla de una aislada Corte de Justicia, no es suficiente para lograr cambios radicales. Se necesita el apoyo de la política. Por tal razón, hemos promovido un proyecto de ley contra el fraude inmobiliario, que esperemos obtenga muchas adhesiones de la ciudadanía para efectos de ser presentado como iniciativa legislativa popular, o, en todo caso, que sea avalada por alguna bancada parlamentaria que defienda sus fundamentos y alcances. La Comisión Parlamentaria que investiga el fraude inmobiliario no puede limitarse a identificar delitos y autores, sino que además debe proponer los correctivos legales necesarios para que estos hechos no se repitan, lo cual exige modificar, o derogar, la fe
pública registral.
