Recuperando poco a poco la normalidad, la presente edición reduce las novedades normativas motivadas por la pandemia, centrándose básicamente en la regulación que prorroga alguna de las normas surgidas como consecuencia del COVID-19 y pone el acento en la incorporación de un conjunto normativo destinado a durar en el tiempo. Novedades no han faltado e incluso podemos decir que han sido numerosas. Así el Estatuto de los Trabajadores ha sido modificado en cuestiones tales como los contratos formativos, introduciéndose el contrato para la formación dual universitaria, con la finalidad de favorecer una estrecha relación entre los estudios universitarios y la cualificación profesional a través de una experiencia práctica. También se sustituido el artículo 13 por una nueva redacción mucho más limitada del trabajo a distancia. No se trata de ningún paso atrás, pues el legislador ha establecido una regulación monográfica sobre esta cuestión a través del RD-Ley 28/2020.
Nuevamente se pone de manifiesto la relevancia de la igualdad retributiva, el principio de a igual trabajo igual salario, recogido en el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores.
Pero el mayor número de cambios afectan a la Ley General de la Seguridad Social que resulta afectada por diversas normas: la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021; el RD-Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo; el RD-Ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico; el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo y el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria.
